EL ELEVADO COSTE DE LA VIVIENDA CONVIERTE A BALEARES EN UNA DE LAS ZONAS CON MAYOR ÍNDICE DE POBREZA

B. PALAU

Diario de Mallorca

 

La precariedad se abre paso en la Mallorca de la masificación turística por los altos alquileres y la baja calidad del empleo - Las islas, una de las comunidades con mayor riesgo de que la población pierda su casa

Balears es la tercera comunidad con mayor índice de pobreza en 2018 en España, por detrás de Canarias y Extremadura. Pese a liderar el crecimiento económico y de empleo del país, al incremento de pasajeros que año tras año aterrizan en los aeropuertos de las islas, en especial en Son Sant Joan, y a la masificación turística que soporta el archipiélago, un 12,8 por ciento de la población está en una situación de exclusión social moderada y un 8,7%, en exclusión severa, según refleja el VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la fundación FOESSA y Cáritas.

El documento, en el que han colaborado decenas de expertos, entre ellos nueve profesores de la Universitat de las Illes Balears (UIB), señala que la precariedad laboral y el alto coste de la vivienda y las dificultades para mantenerla han llevado a la población de Balears a una de las tasas con mayor exclusión social del país.

Una parte importante del empeoramiento de la exclusión social se explica por la baja calidad del empleo y el mantenimiento de los elevados precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. La persistencia en el tiempo de ambos problemas se relaciona negativamente en el hogar con otras problemáticas de salud, discapacidad, salud mental y relaciones familiares y sociales.

Cada vez tenemos más trabajadores pobres, con empleos de bajos salarios y contratos intermitentes de corta duración. La exclusión social ya no va ligada a trabajos marginales como la chatarra o la recogida de cartones, sino a otro tipo de empleo normalizado como la restauración, servicio doméstico o limpieza.

Otro de los problemas más graves de Balears es la exclusión de la vivienda, también llamada exclusión residencial, el acceso a un domicilio digno. Los alquileres están por las nubes. Las dificultades para mantener una casa y cubrir los costes de la vivienda afectan, sobre todo, a los hogares en alquiler. Para muchos moradores estos costes se convierten en inasumibles, lo que se traduce en miles de desahucios.

Las islas, junto con Galicia, son las dos comunidades con mayor población que reside en viviendas inseguras, es decir, con una tenencia en precario y con la amenaza de que los moradores puedan ser expulsados de su domicilio. Según el Informe sobre exclusión social de FOESSA, cerca de un 8% de la población de Balears vive en inmuebles inseguros, muy por encima de la media española que es del 5%.

Este hecho permite comprender la situación de incertidumbre que se vive en muchos hogares del archipiélago, con el riesgo o el temor incesante a perder la vivienda, y ahonda en la descripción de la exclusión residencial que soportan los ciudadanos.

Balears también destaca por el elevado porcentaje de población que habita en viviendas inadecuadas, es decir, en casas y pisos con deficiencias constructivas, con falta de suministros, hacinamiento o barreras arquitectónicas. Según se desprende del Informe de FOESSA, más de un 10% de la población de las islas reside en inmuebles inadecuados. Le siguen con peores cifras las comunidades de Murcia, Canarias, Aragón, Madrid y Cataluña, esta última con casi un 16% de población afectada.

Los expertos subrayan la enorme repercusión que tiene vivir en una vivienda inadecuada para la salud de las personas y, por extensión, para el sistema sanitario.

Según un informe europeo, el total de los costes directos e indirectos del impacto de un inmueble inadecuado en la salud en España supera los 22.350 millones de euros anuales, uno de los importes más elevados de toda la Unión Europea.

Los jóvenes, los más golpeados por la escasez de vivienda en Baleares.Las mujeres, los hogares monoparentales, los extranjeros y discapacitados, otros colectivos vulnerables

Uno de los colectivos más castigados por la exclusión de la vivienda es el de los jóvenes. En comparación con otros grupos de edad, los hogares cuyo sustentador principal es menor de 35 años son los que con mayor frecuencia padecen costes residenciales excesivos, amenazas de expulsión de su vivienda y problemas económicos que les obligan a convivir con personas sin parentesco, a alquilar habitaciones o a cambiar de vivienda.

Las mujeres son otro colectivo vulnerable y con mayor riesgo de exclusión residencial. En términos generales, tienen mayores dificultades tanto de acceso como de mantenimiento de la vivienda. La menor tasa de actividad, así como la mayor concentración en trabajos a tiempo parcial y temporales, suponen una mayor precariedad laboral, que se refleja también en la exclusión residencial, especialmente entre los hogares monoparentales y en las mujeres que viven solas.

Precisamente, destacan los hogares monoparentales. Según el informe de Cáritas, en torno al 30% tiene gastos excesivos de vivienda y un 25% no dispone de dinero suficiente para hacer frente a sus costes. Casi la mitad de este tipo de hogares vive de alquiler, lo que aumenta su vulnerabilidad, dada la tendencia de subida de los precios.

Otros grupos perjudicados por los altos alquileres y con mayor riesgo de exclusión son los extranjeros nacidos fuera de la Unión Europea, las personas mayores que viven solas, los discapacitados y los hogares con más de cinco miembros. Los expertos alertan de que resulta especialmente preocupante, por su impacto en el largo plazo, la situación de los hogares con menores y de las personas jóvenes.

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