EL PRIVILEGIO DE ESTAR ENFADADO

JOSÉ MIGUEL CONTRERAS

 

 

Uno de los aspectos más incómodos del debate político sobre Cataluña es la justificación de acciones reprobables, declaraciones insensatas y argumentaciones inconsistentes basadas en el enfado que al parecer siente una parte de los ciudadanos de Cataluña. Según parece, los independentistas están descontentos porque sus aspiraciones no terminan de fraguar. Argumentan que están hartos de acumular la incomprensión y la represión del Estado español. Así que, en consecuencia, han decidido adueñarse en régimen de exclusividad del derecho a enfadarse. Ellos pueden hacer lo que crean necesario porque están muy enfadados. Evidentemente, no aceptan la posibilidad de que quienes no compartan su ideario puedan indignarse al mismo nivel como reacción a sus actuaciones.

El independentismo catalán no sólo tiene una evidente base burguesa en sus principios ideológicos (“España nos roba”), en su composición socio-económica (cuanto más alto es el nivel de ingresos mayor es el grado de adhesión al independentismo, según los datos oficiales) o en su identidad excluyente (cuantos más apellidos catalanes acumulan, mayor es la vinculación al secesionismo, según los informes del Centro d’Estudis d’Opinió).

Además, parece haber asumido también ese mismo rasgo en el debate público. El procés ha terminado por configurarse como un movimiento basado en los privilegios que se concede a sí mismo. El secesionismo catalán no sólo defiende que tiene el privilegio respecto al resto de los españoles de aplicarse en exclusiva el derecho a decidir. Se ha autoconcedido muchas más virtudes. Se ha apropiado del privilegio de decidir qué es democracia, qué es legal, qué es justicia, qué es libertad de expresión, qué es diálogo, qué es violencia, qué es resistencia, qué es traición, qué es lo bueno y qué es lo malo. El actual ideario independentista se basa en la apropiación de privilegios frente a quienes no comparten sus discutibles convicciones.

Recientemente, se ha publicado en Estados Unidos un libro titulado La tiranía de la virtud (The Tyranny of Virtue), escrito por Robert Boyers, un prestigioso intelectual progresista. En su ensayo, plantea un ejercicio de autocrítica de la izquierda a la que acusa de intentar apropiarse de virtudes específicas en defensa de una identidad concreta. Boyers expone cómo uno de los peligros en los que a veces se cae, desde la pertenencia a grupos sociales históricamente castigados, es el de asumir un privilegio moral por el mero hecho de pertenecer o defender a ese colectivo. “La identidad es indiscutible”, mantiene el autor, “pero las políticas de identidad tienen aspectos muy desafortunados”.

Trasladado al debate ideológico de la izquierda en España, no cabe duda de que la autoatribución de virtudes es una costumbre extendida. Hay líderes a los que escuchamos cada día dictaminar quién es o no de izquierdas. Que se sienten con la posesión de los atributos morales como para definir quién representa o no al pueblo. Que se consideran poseedores de la virtud de poder decidir quién defiende los auténticos valores de la justicia social. Poco se puede hacer para defenderse de quien posee el don de la iluminación divina para situar a cada uno a un lado u otro de esa línea imaginaria que él mismo dibuja y que separa lo virtuoso de lo que no lo es.

En Cataluña, este fenómeno ha alcanzado una extensión extrema. El abuso del discurso antagónico de la pertenencia al bien frente al mal ha sido una práctica cotidiana. Los líderes independentistas lo han utilizado con tanta profusión que colisiona cuando surgen divisiones internas: Si dos personas que están investidas del privilegio de poseer la verdad absoluta no están de acuerdo, ¿qué ocurre? Los crecientes choques entre las distintas corrientes del independentismo abren un escenario sorprendente.

La tiranía de la virtud, utilizando la expresión de Robert Boyers, implica la imposición de una dictadura intelectual. Bajo esta forma de comportamiento, hay quien pretende abordar el debate político desde una atalaya que le permite ver a los demás desde una altura superior. Es evidentemente un espejismo. El problema radica en que en la discusión pública puede darse el caso de que esa falsa posesión de la virtud acaba por trasladarse a sus correligionarios que, como tantas veces ocurre, cierran la posibilidad de abrirse al conocimiento de posturas diferentes antes de fijar su criterio. El privilegio de la posesión de la verdad acaba por convertirse en una limitación que sólo sirve para empobrecer el debate democrático y para aumentar la polarización entre quienes no contemplan otra posibilidad que no sea la de negar cualquier visión diferente a la suya.

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