LA ESPAÑA QUE DEJA RAJOY

 

ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS

 

 

Tras más de seis años de gobierno del PP, ha sido una sentencia judicial el detonante de la expulsión de M. Rajoy como presidente del gobierno. No ha sorprendido. Lo extraño es que haya durado tanto. En cualquier país de nuestro entorno la imagen de un Presidente cobrando miles de euros en negro, según la apariencia que transmiten los datos del tesorero de su partido, hubiera supuesto su dimisión inmediata. Y estos datos son solo un pequeño detalle al lado de los numerosos procedimientos judiciales que involucran a muchos altos cargos de su partido, una marea de corrupción que ha inundado su gestión en las Administraciones Públicas a todos los niveles: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración Central, hasta el punto de ser considerado este partido, en algunas resoluciones de órganos de la justicia, como una organización que utiliza la política para su actividad delictiva.

En su discurso de despedida ante la dirección del PP, M. Rajoy exhibió los logros económicos de su gestión. Por supuesto, no mencionó la herencia dramática, con consecuencias también económicas, de la corrupción. ¿Cómo se puede convencer a los contribuyentes de la necesidad de cumplir sus obligaciones fiscales? ¿Qué imagen se transmite al exterior? ¿Cómo afecta a la eficiencia del gasto público? ¿Al propio volumen de recursos potencialmente destinables a atender necesidades sociales? ¿Cuantos más profesores, centros de salud, atención a la dependencia se hubieran podido financiar en ausencia de corrupción? ¿Y la tolerancia hacia el gran fraude fiscal… y la caída de recaudación del Impuesto de sociedades a pesar de los altos beneficios de las grandes empresas? En fin, reducción de los recursos públicos para el enriquecimiento de unos pocos, por métodos ilegales… o por la aplicación de normas que han favorecido la concentración del poder económico.

Y más allá de su negativa influencia sobre la economía, la corrupción ha sido un factor que ha impactado en el desapego de los ciudadanos hacia la política, que ha extendido la convicción de que los políticos solo buscan su propio beneficio. La corrupción ha puesto en cuestión los más profundos principios de la democracia.

En el mencionado discurso, M. Rajoy se refirió a la evolución durante estos seis años de las variables económicas, el PIB y el empleo. Es cierto que tras los primeros años de su gestión, en que la llamada política de austeridad y reformas -como la laboral- contribuyeron a la profundización y prolongación de la crisis, en los dos últimos años el PIB ha mostrado tasas de crecimiento positivas impulsadas por la confluencia de factores externos, como el descenso del precio de los productos energéticos, la devaluación del euro y, sobre todo, la política monetaria practicada en estos años por el Banco Central Europeo, que ha permitido financiar la deuda exterior y la inversión y el consumo a bajos tipos de interés. Al respecto, no está de más recordar que a finales de 2011 la deuda pública se situaba en torno al 70% del PIB y hoy alcanza el 100%.

Pero si consideramos la evolución del PIB desde la óptica del bienestar de los ciudadanos, que debe ser el criterio principal, la satisfacción de M. Rajoy es aún menos entendible. En estos seis años los salarios reales han caído 4,6 puntos; la brecha salarial de género está en el 36%; la pobreza energética, en que vivían 1,1 millones de españoles, afecta hoy a 1,8 millones; el gasto en educación se ha reducido de 47.100 millones a 44.900 y el gasto en sanidad de 69.200 a 67.600. El PP heredó, al llegar al gobierno, un fondo de pensiones de la Seguridad Social que alcanzaba los 70.000 millones de euros y lo deja ahora prácticamente agotado. El índice de pobreza y exclusión social ha crecido del 23,5% de la población al 27,8%, con la particularidad de que afecta, debido a la reforma laboral, cada vez a más personas con trabajo. Una reforma que, al romper los equilibrios de la negociación colectiva, al permitir formas de contratación abusivas y al abaratar el despido, ha hecho recaer el coste de la crisis en las franjas de población más desfavorecidas.

En contraste, los beneficios empresariales y las percepciones de los ejecutivos de las grandes empresas han crecido de forma desmesurada. Durante este periodo los índices de desigualdad han aumentado insoportablemente. Podríamos decir que no es la economía lo que ha mejorado sino solo la situación de los que detentan el poder económico.

 

Es cierto, como exhibía M.Rajoy en su discurso, que desde 2011 ha descendido el número de parados, pero también es cierto que la mitad de la reducción se debe a la caída de la población activa. Esta caída se acentúa en el caso de los jóvenes: una de cada cuatro personas menores de 35 años ha abandonado la población activa en estos seis años. Por otra parte, la mitad del empleo creado es a tiempo parcial y la temporalidad no ha dejado de aumentar, mientras que el paro de muy larga duración (más de dos años) permanece estancado y sube su peso sobre el total.

Este modelo de relaciones laborales y el propio PIB contienen aspectos muy preocupantes a medio plazo. El crecimiento en estos últimos años se ha dirigido hacia sectores de baja productividad, hacia el empleo precario. La reforma laboral permite contratar por horas, en jornadas discontinuas, sin que exista ningún incentivo a la formación. Es un empleo expuesto a los vaivenes de la economía mundial, sobre la que se ciernen graves incertidumbres, que puede sufrir con intensidad las consecuencias de una nueva crisis. Y mientras… nula capacidad para abordar cambios en los fundamentos del modelo productivo que sigue anclado en el turismo y en la construcción.

España ha sido un lastre para el avance del proyecto europeo para la necesaria transición energética. En este ámbito, además, la imagen exterior de España se ha deteriorado, entre otras cosas, por inestabilidad regulatoria y falta de seguridad jurídica de las inversiones, ignorando, inexplicablemente, la gran aportación industrial con toda su capacidad de arrastre en términos de empleo de calidad, de I+D+i, de tejido industrial y empresarial, de competitividad… que la transición ecológica de la economía puede aportar al modelo productivo de nuestra economía.

No hay motivos para jactarse de una buena gestión económica. Y hay, además, que mencionar un tema político que también tiene consecuencias sobre la economía, el conflicto catalán: la herencia que deja el PP no puede ser más negativa. Este partido, cuando estaba en la oposición, impugnó ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía que había sido aprobado en referéndum por más del 70% de los catalanes. La impugnación pretendía deteriorar al gobierno socialista, que lo había negociado, pero la sentencia del Tribunal Constitucional, que modificó el texto, fue interpretada por una parte considerable de la población de esta Comunidad como una agresión. El rechazo al nuevo texto dio alas a la alternativa defendida por los partidos que abogaban por la independencia. Ya en el poder, el gobierno del Partido Popular se mostró incapaz de contrarrestar la extensión del independentismo. Es más, propició esta tendencia –recuérdese al infausto ministro Wert proclamando provocativamente en sede parlamentaria la necesidad de españolizar a los niños catalanes- porque el conflicto le permitía esconder algunos de sus problemas y le resultaba electoralmente rentable en el resto del Estado, bandera a la que se ha apuntado Ciudadanos con peligroso entusiasmo. Hoy es un factor de inestabilidad que forma parte de la herencia económica que deja el expresidente M. Rajoy.

Los destrozos del PP conforman el escenario sobre el que debe actuar el nuevo Gobierno: desigualdad, precariedad laboral, fragilidad del crecimiento, conflictos territoriales, desbarajuste sin fin en el sector energético… Las amplias demandas sociales que el cambio hace aflorar y las dificultades para articular una mayoría en el Congreso y la imposibilidad de hacerlo en el Senado, auguran una gestión llena de dificultades.

Cuenta el Gobierno, sin embargo, con la inteligencia y la valentía que ha demostrado en la moción de censura y en la configuración del Consejo de Ministros. Y cuenta, fundamentalmente, con el caudal de ilusión que ha despertado en un amplio sector de la ciudadanía, que deberá administrar y preservar, al mismo tiempo, con delicadeza y firmeza… porque es un patrimonio compartido por muchos y plurales anhelos.

Economistas Frente a la Crisis se va a mantener fiel a su lema “el pensamiento económico al servicio de los ciudadanos”, aportando críticas y soluciones, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero alberga la esperanza de que el cambio político actual implique, sobre todo, el inicio de un cambio hacia la consolidación del estado del bienestar y los primeros pasos en la dirección de un progreso justo y seguro.

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