UN PLANTEAMIENTO CO-FEDERAL

XAVIER CASSANYES

 

 

 

Abstract

El independentismo debiera responder a la actitud dialogante del gobierno de España con una moratoria en su escala soberanista. Un plazo razonable, hasta el final de legislatura, para reconducir la gobernabilidad en Catalunya y cambiar el paradigma de confrontación por el de pacto. Una reforma constitucional exprés, por el art. 167 CE, creando una nueva modalidad territorial, la Comunidad Autónoma de Régimen Federal, pensada para Catalunya pero extensible al resto de las Comunidades Autónomas.

 

 

 

UN PLANTEAMIENTO CO-FEDERAL

El planeamiento independentista, en efecto, no tiene recorrido por lo que el realismo político debe imponer una solución de tipo federal, ¿pensada para Catalunya o para todo el Estado?

La cuestión es que, como bien apunta el artículo de Iñaki Anasagasti, históricamente y en el momento de la Transición, como ahora mismo, solo en Euskadi y en Catalunya se da una rotunda afirmación nacional que pueda dotar de argumentación a planteamientos federales; y aun confederales, más o menos adecuados, por el caso de Suiza.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y el grado de conflicto al que se ha llegado, la política debe de procurar un acuerdo en que los extremos queden excluidos de toda negociación. Por el lado del independentismo, el referéndum de autodeterminación; por parte del Estado central, su límite constitucional no poniendo sobre la mesa modificar la Constitución para dar cabida a otro tipo de relación institucional entre Catalunya y el resto del Estado. 

El diario Ara.cat publicaba una encuesta (15/12/2018), que refleja cómo el 80 por ciento de los catalanes estarían a favor de un referéndum acordado en que se pudiera votar sobre la independencia. En ella, significativamente, se manifestaban favorablemente el 34 por ciento de los votantes de Ciudadanos y el 23 por ciento de los del PP. En otra encuesta reciente, el sí a la independencia contaría con el 47,7 por ciento de apoyos mientras que el no, estaría en el 36 por ciento de quienes votarían.

Si España fuera preguntada, en estos momentos de máxima exacerbación nacionalista, los españoles se mostrarían con cifran parecidas, pero a la inversa. Ya en octubre, antes de la eclosión electoral de Vox, La Vanguardia (20/10/2018) publicaba una encuesta en que el 37 por ciento de los españoles (sin contabilizar las respuestas en Catalunya) considerarían oportuno un referéndum en que los catalanes se manifestaran.

¿Qué hacer? Como comenté no hace mucho, con un alto cargo de Esquerra, es necesario ganar tiempo para que las exacerbaciones bajen de intensidad y abrir un diálogo de mínimos por ambas partes, sin la presión política de unas elecciones generales que pueda torpedear el clima de acercamiento ni las constantes amenazas de reeditar las rupturas institucionales de hace un año. Pienso que el independentismo debiera responder al empeño dialogante del gobierno de España con una moratoria en su escala soberanista. Un plazo razonable, hasta el final de legislatura, para reconducir la gobernabilidad en Catalunya y cambiar el paradigma de confrontación por el de pacto.

A mi modo de ver, y de modo inmediato cuando constitucionalmente sea posible, existe la posibilidad constitucional de ciertos avances, creando una nueva modalidad territorial, la Comunidad Autónoma de Régimen Federal, pensada para Catalunya pero extensible al resto de las Comunidades Autónomas, siempre que reunieran y asumieran una serie de requisitos de corresponsabilidad y autonomía financiera de cierto riesgo, al no tener la cobertura y garantía del Estado central, que podría rechazar la petición de Comunidad Federal si no pasaran el filtro de credibilidad en suficiencia económica y financiera.

Legalmente, el artículo 167 de la Constitución ofrece la posibilidad de reforma de la Constitución de forma rápida y sencilla. Por esta vía de reforma no se podrían tocar los principios políticos (arts. 1-9), los derechos fundamentales (arts. 15-29) y la Corona (arts. 56-65). Pero sí el modelo territorial si se supiera armonizar el actual modelo autonómico con el de nuevas autonomías con régimen federal. Un reformado Título VIII tendría que ser compatible con la definición del art 2, que refiere “el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones”, conservando por tanto la formulación de Comunidades Autónomas, pero podría prever una vía por la que comunidades autónomas adoptaran mecanismos de régimen federal, que no necesariamente tendría que hacerse sobre el actual diseño territorial. Reeditar la fórmula de la doble vía, como se previó en 1978 para acceder al proceso autonómico (arts. 152 y 148), ahora, para el acceso al régimen federal.

A diferencia del título VIII actual, redactado entonces en un contexto histórico bien distinto, para el acceso a Comunidad Federal sería imprescindible, como ya se ha dicho, constatar la suficiencia económica y financiera de la región aspirante al nuevo régimen administrativo, mostrando una batería de parámetros de tamaño, de masa crítica, que prevean viabilidad de la Comunidad, por sí misma, para hacerse responsable de su economía, con fórmulas similares a los estados federados más solventes. Salvada la irritación de pequeñas comunidades uniprovinciales, y alguna otra, la exigencia de solvencia económica y financiera debería imponerse por el bien general del País.

Culminada la reforma administrativa de calado, podrían ajustarse la dimensión y competencia de todas las administraciones a las necesidades reales de la sociedad, redimensionando la administración del Estado. En la medida en que la simplificación de competencias y la administración fuera adecuada a la realidad sociológica del País, se robustecería el conjunto del Estado que resultaría más, y mejor integrado, fortalecido nacionalmente y sólido en su presencia en los foros internacionales.

Este tipo de reforma constitucional supondría crear un nuevo estatus de comunidad autónoma, las de régimen federal, que satisfaría buena parte de las reivindicaciones de las comunidades nacionalistas, en cuanto se acompañara de un estatus específico en educación y cultura y en presencia exterior, que en el caso de Catalunya satisfacerla al mismo soberanismo no radicalmente independentista,

El nuevo modelo de comunidad de régimen federal sería extensible a todas las comunidades autónomas, incluidas las vasca y navarra, que con unas buenas estructuraciones de esta nueva categorización territorial debieran estar mejor representadas en el nuevo modelo territorial.

Xavier Cassanyes, Escritor político. Columnista de Última Hora, Autor del libro: “La España que Sí puede ser”, (2015) Ed. Síntesis. Madrid

 

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