POR DINERO BAILA EL PERRO

MIQUEL PASCUAL

 

El miércoles de la semana pasada el Govern de les Illes Balears aprobó un real decreto ley que permitirá a los hoteleros aumentar la superficie de sus hoteles hasta un 15%, con la peregrina idea y justificación (toman por tontos a los electores) que es para adaptarse a los cambios derivados de la crisis del coronavirus (sin mencionar los cambios y que tendrá que ver la velocidad con el tocino) y modernizar su oferta, siempre que no aumenten plazas ni eleven su altura. Asimismo, permitirá la realización de obras de reforma y remodelación sin necesidad de licencia municipal de construcción y que los hoteles obsoletos se reconviertan en apartamentos de protección oficial.

El viernes pasado escribí en este mismo medio “Irresponsablemente se eliminan de un plumazo las licencias de obra y las sustituyen por una declaración responsable del promotor que será suficiente para el inicio de una actividad y para obras de reforma, rehabilitación, acondicionamiento energético, etcétera lo que provocará otro nido de irregularidades con las obras y el desastre materializado, como ha demostrado siempre el control a posteriori”. Pues bien, el pasado día 20 la decana del Colegio de Arquitectos de Baleares, Marta Vall-Llosera, afirmaba que “la falta de claridad provocará interpretaciones erróneas e inseguridad jurídica”.

Como escribí ya “Queda claro, se dejan las  manos libres (sin correa ni bozal que los controle) a los empresarios que tienen el maléfico honor de ser la base y la pareja necesaria del 80 % de toda la corrupción que impera en la administración pública”, profundizando en el tema, esta normativa provocará que los problemas que antes se arreglaban sobre proyecto ahora deberán arreglarse obra hecha, con el consiguiente follón que eso conllevará, con problemas serios como paralizaciones de obras a medio realizar, constatación de obras realizadas sobrepasando la normativa, con los consiguientes y eternos litigios.

En lugar de eliminar, según su justificación, trabas burocráticas, lo que tenían que haber hecho es que los técnicos valoraran los proyectos en los plazos establecidos ya por ley y no que se pasen los plazos por el arco del triunfo con la aquiescencia de los políticos de turno. Deberían adecuar las plantillas de técnicos y dotar de los recursos necesarios al departamento de control de obras, para solventar los problemas antes de comenzar las obras y no una vez que ya estén en marcha. Porque si la administración pública ahora no es capaz de controlar en tiempo y forma los proyectos, ¿a qué cabeza hueca se le ocurre que con la misma plantilla, los mismos medios podrán controlar a posteriori y desplazándose a las obras el cumplimiento de la normativa?.

Fieles a los postulados que defienden con la boca pequeña y con grandes y vacías declaraciones de intenciones su trabajo y los cambios realizados  deberían haberse centrado en la regeneración de las infraestructuras de los barrios, en facilitar el acceso a la vivienda, en la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética de los edificios, si de verdad querían ayudar a la población a la que se deben y que es la que paga sus nóminas.

No es de extrañar que exista entre los electores el convencimiento de que el urbanismo y la corrupción están intimamente ligados, y la actuación de la mayoría, hay por supuesto honrosas excepciones, no hace más que corroborarlo. Sino ¿como se explica que, en el caso de gobiernos de coalición en Ayuntamientos, Provincias y Autonomías, el departamento que siempre reclama el partido minoritario es urbanismo y obras?, ¿será por amor al arte?, ¿será por el bien común? o ¿será por el bien propio y personal?.

La respuesta, como siempre, después de la publicidad.

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