ROBAR PUEDE COMPENSAR

MIQUEL PASCUAL

 

Esta expresión no es de un ciudadano harto de la corrupción que, hasta la coronilla de sinvergüenzas que se quedan con el dinero robado, se desahoga en la barra de un bar, tampoco es de un delincuente y mucho menos de un corrupto. La frase la pronunció Miguel Ángel Torres, una persona que se conoce al dedillo la legislación. Se trata del magistrado-instructor  que ha investigado uno de los casos de corrupción más graves en la historia de España, el caso Malaya, vasta trama de corrupción urbanística en Marbella que causó la sustitución del gobierno municipal por una gestora, sabía muy bien de lo que hablaba.

A un delincuente, a un corrupto puede que le compense pasar un par de años en la cárcel si cuando sale de ella puede disponer de todo su patrimonio o de los beneficios que ha conseguido robando, malversando el dinero de un particular o del dinero de todos, en el caso de fraude a hacienda o por malversación de caudales públicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que juzgó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9-N, condenó al expresidente a dos años de inhabilitación, a Ortega a 21 meses y a Rigau a 18 meses por haber cometido un delito de desobediencia al impulsar la celebración de la votación celebrada en el 2014 pese a la advertencia del Tribunal Constitucional. La Fiscalía había descartado acusarlos por malversación, el único delito que podía conllevar cárcel, porque entendió que los posibles gastos vinculados al 9N fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión del Constitucional. ¡Cuando había habido malversación porque los gastos fueron rnecesarios para celebrar la votación!.

No satisfechos con la sentencia, Sociedad Civil Catalana y la entidad Abogados Catalanes por la Constitución, cudieron a la puerta del Tribunal de Cuentas y en el 2018 lograron lo que la Justicia había desestimado un año y medio antes: una condena que obligaba a estos tres exmiembros del Govern así como al exconseller Francesc Homs a reintegrar al Estado un total de 4,9 millones de euros.

A diferencia de lo que pasó con el 9N, con el referéndum del 1-O no solo Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana han buscado el apoyo del Tribunal de Cuentas. A finales del año 2017, la Comisión Mixta (Congreso-Senado), a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, reclamó un informe para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”. Es el conocido como informe sobre las embajadas catalanas. El Tribunal concluyó que los gobiernos catalanes entre el 2011 y 2017 gastaron al menos 27,2 millones de euros en las delegaciones de la Generalitat en el extranjero de euros en actividades sin que sea posible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto.

Entre los investigados figuran además de los mencionados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell, en tanto que exconsejeros de Economía, y Raül Romeva por haber sido el titular de Exteriores (un tránsfuga que a su lado Toni Cantó no sabe ni la cartilla). Además hay otros exconsellers, incluidos los indultados por el Gobierno, y ex altos cargos de la Generalitat, y a todos se les reclama por supuesta responsabilidad contable por gastos indebidos.

Latest desideratum:

Que deje de hacerse realidad el dicho popular: “Los corruptos van a prisión, pero no devuelven el dinero”.

Que se haga realidad el principio de que el delito que genera ganancias ilícitas nunca puede compensar a su autor.

Que se tenga en cuenta que: al contrario de las causas penales, no hay indulto posible.

Y como punto final recordar  que la corrupción nos roba a todos el dinero que después se recorta en hospitales, instalaciones, ambulancias, trasplantes, listas de espera, becas, pensiones, educación... La corrupción nos está matando. ¿Capisci?.

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